Hace dos semanas un demoledor informe de la fiscal general de Nueva York, la también demócrata Letitia James, sacó los colores a la Administración de Cuomo al señalar que habían infrarrepresentado hasta en un 50% las muertes en residencias, a las que Cuomo obligó por una directiva que estuvo vigor entre el 25 de marzo y el 10 de mayo a admitir ancianos que habían dado positivo por covid-19 y a readmitir a los que tuvieron que ser ingresados en hospitales al contagiarse.

Poco después de ese informe la Administración hizo públicos nuevos datos que elevaban desde cerca de 9.000 hasta unos 13.000 los fallecidos. Y gracias a investigaciones de prensa y datos hechos públicos por órdenes judiciales las cifras han seguido subiendo desde entonces hasta situar en unas 15.000 las muertes vinculadas a residencias, una tercera parte de las 45.000 registradas en el estado.

New York Post filtró este jueves una conversación que mantuvo la víspera con legisladores demócratas una alto cargo de Cuomo, Melissa DeRosa, en la que reconoció que el gobierno del demócrata retuvo información sobre las muertes de ancianos.

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